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Por Jesús Dávila
En medio de ese panorama, noticias como la nueva degradación del crédito de Puerto Rico en Wall Street o los reiterados avisos de una nueva consulta al electorado sobre las relaciones con Estados Unidos son como ecos lejanos de una tormenta marina mientras el país sigue sumido en la calma del cansancio.
Los únicos focos grandes de resistencia visible siguen siendo el movimiento estudiantil y los grupos que se oponen a la construcción de un gasoducto a través de la Cordillera Central. Pero, ante tales obstáculos, el Gobierno coloca nuevas fichas de control para repeler cualquier nuevo estallido en la Universidad de Puerto Rico y se acumulan los informes –cada vez más precisos- sobre el adiestramiento de una fuerza armada privada para enfrentar protestas sociales.
Pero la incredulidad de los sectores dirigentes y medios ante la gravedad de los informes propicia que tales noticias no alcancen circulación general.
Así, por ejemplo, el propio Gobernador Luis Fortuño se gastó el lujo de admitir ante el tribunal que la Universidad de Puerto Rico lleva decenios administrando todos los caudales sin herederos –inmuebles y muebles- lo que podría tener el efecto de colocar en el nivel de los miles de millones de dólares el caso de la ocultación de propiedades a través del sistema universitario público. Amparado porque la noticia no es publicada por sectores importantes de la prensa nacional, el Gobierno argumenta que los estudiantes, profesores y demás empleados de la Universidad de Puerto Rico carecen de derecho alguno para obligar a que rendir cuentas públicas sobre cómo se ha administrado ese tesoro.
Lo que ha pasado con el tesoro es una pieza vital en la posibilidad de que sobreviva en la práctica la educación universitaria como parte del quinto derecho civil consagrado en la constitución y no se convierta en un privilegio. Pero el Gobierno insiste en atender el problema restringiendo cada vez más los presupuestos universitarios mientras se adelanta el proceso para que la Universidad sea más pequeña y más cara.
Ante la situación y luego de más de un año en alzamiento, los estudiantes lograron convocar una coalición de todos los sectores universitarios que presentó un recurso de mandamus para que la jefatura rindiera cuentas sobre lo que ha hecho con los caudales sin herederos que, por mandato de ley, ha recibido desde 1923. La dirección respondió ante el tribunal que no produce ni guarda los documentos solicitados porque lo único que hace es recibir los bienes inmuebles que quedan luego de que el Gobierno salda obligaciones y que sencillamente los anota en el inventario general de propiedades.
Como la ley dicta que el Gobernador es el que expide las escrituras de todos esos bienes, Fortuño está demandado también y ante eso presentó en conjunto con otros miembros de su gabinete una moción que echó por tierra la alegación de la jefatura universitaria.
La moción del Gobernador reveló que, por lo menos desde 1986, tan pronto ocurre un caso de fallecimiento sin herederos, la fiscalía hace inventario de todo el caudal y la presidencia de la UPR viene obligada a nombrar de inmediato un administrador para tal herencia, así como llevar el peso de todo el proceso judicial para su adjudicación final. Eso lo que quiere decir es que no sólo la UPR recibe fincas, casas y edificios, sino que es la entidad que dispone de mobiliarios, equipos, joyas, obras de arte, cuentas bancarias y todos los demás bienes, además de velar porque la fortuna no sea dilapidada.
Pero, la resistencia en medios noticiosos nacionales de publicar ese tipo de noticias es tal que cuando los universitarios presentaron la demanda un miembro de la prensa les preguntó airado «¿Por qué se quieren suicidar?»
Un cuadro similar ocurre con los informes sobre el presunto adiestramiento de una fuerza privada para enfrentar a los opositores al gasoducto. Fuentes locales en la zona de la cordillera donde ubica el supuesto campo de entrenamiento indicaron que en el lugar se logró observar hay un pequeño depósito de armas, además de un curioso vagón cargado de antiguos adoquines españoles, lo que sigue confirmando detalles del informe difundido por la división de inteligencia militar del Ejército Popular Boricua-Macheteros.
El informe identifica además con sus nombres funcionarios del Gobierno, así como de una empresa de Policía privada, además de mencionar una compañía extranjera, que habrían participado al menos en una reunión de planificación. Esos extremos, sin embargo, todavía no tienen constatación independiente.
Pero si bien se trata de noticias se las que en general el país no se entera, los niveles de malestar parecen seguir generando ambiente para el incremento de la oposición política.
El autonomista Partido Popular Democrático, principal de oposición y ahora bajo la jefatura de Alejandro García Padilla e inspirado en el pensamiento de Rafael Hernández Colón, está dando señales de un nivel de actividad electoral usualmente asociado al crecimiento. En tanto que los delegados del pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño se muestran cada vez más entusiastas en el apoyo al joven abogado Juan Dalmau para su principal candidatura y con su vicepresidenta María de Lourdes Santiago dando discursos apasionados en los que llama a luchar contra el coloniaje «con la rabia» y «el corazón».
El panorama opositor lo completan los tres partidos nuevos, que buscan participar en los próximos comicios y han acumulado decenas de miles de endosos. Puertorriqueños por Puerto Rico ya tiene más de 38.000 endosos, seguido por el Movimiento Unión Soberanista con más de 32.000 y el Partido Puertorriqueño de los Trabajadores con 22.500, este último con un sorprendente 35 por ciento de crecimiento.
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