La Sociedad para Asistencia Legal tronó contra la propuesta que busca incentivar el mercado de bienes raíces, eliminando sellos y comprobantes en cierres hipotecarios
Inter News Service
San Juan de Puert Rico: La propuesta del Gobierno de eliminar los sellos y comprobantes en los cierres hipotecarios para incentivar el mercado de bienes raíces podría afectar la prestación de servicios que brinda a miles de personas pobres la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).
La denuncia la hizo hoy el presidente de la UIASAL, Jorge L. Farinacci, quien consideró que la disposición del gobernador Luis Fortuño sería desastrosa para la organización de abogados porque implicaría la pérdida de varios millones de dólares de la entidad, lo que a su vez provocaría reducir o eliminar servicios legales a los pobres y despedir personal.
Farinacci dijo que los afectados de esa situación serían principalmente los clientes.
Indicó que se afectarán «los pobres de nuestro país, los acusados de delitos y los términos de juicio rápido de las personas sumariadas y acusadas con casos pendientes en el país. Pero también los cientos de empleados de la SAL que han tomado como un ministerio la representación de los pobres del País».
«Desangrar económicamente a SAL, pondría en entredicho los pilares constitucionales que garantizan los derechos de los acusados y que se aplican directa o indirectamente a todos los ciudadanos del País. Derechos que se han logrado con grandes luchas y sacrificios a través de los años», dijo Farinacci en una conferencia de prensa en el Capitolio.
Sostuvo que la Sociedad para la Asistencia Legal tiene un presupuesto de 16 millones, de los cuales siete millones provienen de ingresos por concepto de sellos.
El Presidente de la SAL, que garantiza que a cada persona acusada de delito se le provea representación legal, señaló que el presupuesto de la entidad es ínfimo, si se compara con los presupuestos de las agencias encargadas de investigar y esclarecer los delitos y que posteriormente encausan los casos.
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San Juan de Puert Rico: La propuesta del Gobierno de eliminar los sellos y comprobantes en los cierres hipotecarios para incentivar el mercado de bienes raíces podría afectar la prestación de servicios que brinda a miles de personas pobres la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).
La denuncia la hizo hoy el presidente de la UIASAL, Jorge L. Farinacci, quien consideró que la disposición del gobernador Luis Fortuño sería desastrosa para la organización de abogados porque implicaría la pérdida de varios millones de dólares de la entidad, lo que a su vez provocaría reducir o eliminar servicios legales a los pobres y despedir personal.
Farinacci dijo que los afectados de esa situación serían principalmente los clientes.
Indicó que se afectarán «los pobres de nuestro país, los acusados de delitos y los términos de juicio rápido de las personas sumariadas y acusadas con casos pendientes en el país. Pero también los cientos de empleados de la SAL que han tomado como un ministerio la representación de los pobres del País».
«Desangrar económicamente a SAL, pondría en entredicho los pilares constitucionales que garantizan los derechos de los acusados y que se aplican directa o indirectamente a todos los ciudadanos del País. Derechos que se han logrado con grandes luchas y sacrificios a través de los años», dijo Farinacci en una conferencia de prensa en el Capitolio.
Sostuvo que la Sociedad para la Asistencia Legal tiene un presupuesto de 16 millones, de los cuales siete millones provienen de ingresos por concepto de sellos.
El Presidente de la SAL, que garantiza que a cada persona acusada de delito se le provea representación legal, señaló que el presupuesto de la entidad es ínfimo, si se compara con los presupuestos de las agencias encargadas de investigar y esclarecer los delitos y que posteriormente encausan los casos.
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