Criminaliza a mujeres y niñas, «estrategia» mexicana de migración

Por Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Las acciones «estratégicas» que emprendió hace más de un año el gobierno federal para «proteger» a las y los migrantes centroamericanos en tránsito por México, resultaron contrarias a este fin, pues se basan en una política que criminaliza a esta población y permite que se lleven a cabo delitos en su contra, los cuales afectan particularmente a mujeres y niñas.

Así lo informaron en conferencia de prensa, representantes de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes junto con Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, expusieron el aumento de las agresiones contra las y los migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica.

En la conferencia, para dar a conocer el Sexto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes en tránsito por México», Gabriel Duperou, de la Casa del Migrante de Saltillo, afirmó que las acciones que el gobierno federal anunció hace más de un año para salvaguardar a las y los migrantes, se han llevado a cabo de manera limitada y sin un enfoque de DH.

Ello se debe a que parten de una «política migratoria que criminaliza el ingreso en situación irregular de las personas migrantes, es permisiva de delitos como el secuestro y viola los instrumentos internacionales ratificados por el gobierno mexicano», aseguró el defensor de DH, con base en diversas entrevistas realizadas a migrantes durante los últimos dos años y medio.

Duperou indicó que el objetivo del Sexto Informe, es reiterar que la situación de inseguridad en el país, para las personas migrantes, se incrementa debido a una mayor participación de la delincuencia organizada, y la falta de una política migratoria, que responda a las necesidades de esta población.

En 2009, se registraron cerca de 18 mil secuestros de migrantes, esta cifra no ha podido actualizarse, debido a la desconfianza de las y los migrantes, principalmente los casos de mujeres y niñas, quienes además de vivir maltrato, por su condición migratoria, sufren atropellos por ser mujeres, señaló el defensor de DH.

Ante este panorama, se requiere de una política migratoria con enfoque de DH, que pueda atender el tema de secuestros en tres sentidos: persecución del delito, la atención a las víctimas y la reinserción de las mismas al ámbito laboral. En su afán de impedir el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos, el gobierno federal coloca a las y los migrantes en una situación de mayor riesgo, mediante acciones «estratégicas para protegerlos».

Muestra de ello, es que las acciones encaminadas a la prevención de delitos en su contra, como los operativos de verificación migratoria, y la detención en las estaciones migratorias desembocan en tragedia humanitaria, como en marzo pasado, como lo señaló Rodrigo Escobar, de la Comisión Interamericana de DH, recordó Gabriel Duperou.

Con base en los testimonios de migrantes de Centroamérica, el activista mencionó que «los operativos ponen en riesgo la vida, y seguridad de las personas, ya que terminan en corretizas y golpizas».

«Además, permite que otras autoridades se involucren en estas acciones, por ejemplo, las policías municipales, quienes sin estar facultadas, detienen a las personas para extorsionarlas o entregarlas a los secuestradores».

En tanto, la detección en estaciones migratorias, tampoco ha beneficiado a esta población, debido a que se han registrado intervenciones del crimen organizado en contra de las y los migrantes.

Según información del Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia encargada de la creación de una política migratoria, en los últimos tres años, se registraron tres intervenciones a estaciones migratorias, la última fue en Acayuca, Veracruz, donde 30 individuos desarmaron al personal de seguridad y se llevaron a las personas indocumentadas que había en el lugar.

Otra de las acciones fallidas, es la creación del Grupo Beta y de los Oficiales de protección a la infancia, quienes sólo operan en zonas de bajo riesgo, en ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, «no existe uno solo», aseveró Duperou.

Respecto a las visas humanitarias y las formas migratorias para víctimas del delito, tampoco han dado frutos, debido a que el resto de las estrategias son acciones de gestión de flujos, regresar a las personas a sus lugares de origen, no hay estrategias de reinserción, ni acompañamiento legal, mencionó el activista.

Por último, Gabriel Duperou indicó que mientras no exista un saneamiento en el INM, de las policías en los tres niveles de gobierno, el secuestro, la violación sexual, tortura y otros delitos en contra de las y los migrantes seguirán ocurriendo.

Tomado de ArgenPress
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