Por CARLOS LOPEZ DZUR
Sheldom Richman, investigador y becario de la Fundación «The Future of Freedom» y ex-editor del Instituto Cato y el Instituto de Estudios Humanos de la Universidad George Mason, ha escrito que la mayoría de los miembros del Congreso «a menudo no lee los proyectos de ley ni conocen completamente por lo que están votando. Más aún, para mucha de esa legislación se dejan los detalles para agencias reguladoras, abdicación inconstitucional y delegación de la autoridad, si hubo alguna». La pregunta es: ¿cómo o quién les hace el trabajo para el que fueron elegidos? Los cabilderos de los intereses especiales. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo? Casi siempre ninguno. ¿Cuál es el beneficio para los políticos? Sheldom Richman contesta también esa pregunta: «Los polítícos, por supuesto, hacen más que servir a los grupos especiales. Ellos deben salir reelectos… La gente de negocios siempre está preocupada por el futuro de sus bienes; los políticos están preocupados por la reelección… Sea premeditadamente o no, la ofuscación y la abdicación mantiene el ciudadano a raya. Esta mortaja o sudario proteje a los beneficiarios (que son los políticos y cabilderos). El contribuyente continua pagando».
Hoy por hoy, se discute de forma más abierta el vínculos de los políticos profesionales y los grupos especiales. Hay quien cree que la mayor parte de los grupos especiales buscan la defensa del pobre y son organizaciones de buena fe, con amplia base comunitaria. No. La tradición de los cabilderos o lobbysts, es la misma que los «corre-ve-y-díles», soplapotes y botellas de antaño, la misma de los «extorsionistas» de todas las épocas. Y es difícil determinar las dimensiones de sus bribonadas porque están representando distintos estadios de interés público y corporativo, desde las farmacéuticas, la tecnología militar, las fuentes de energía, las comunicaciones, la educación y, en verdad, no se sabe cuántos; pero, una lista comprehensiva y abundante de los «registrados» ofrece como número vigente unos 22,000 de ellos, de quienes se puede conocer algo de su perfil de asuntos, clientes y el tipo de relaciones con el gobierno. En Washington. D.C. únicamente viven y operan 17,000 cabilderos federales.
De hecho, desde 1995, esas lacras de chupasangres, con intereses especiales, ya con el nombre cachendosos de «lobbying agents», tienen que estar registradas para hacer sus contactos directos con miembros del Congreso o funcionarios federales del Ejecutivo. Por exigencia de la ley Lobbying Disclousure Act (2 U.S.C. § 1601–1612), deben hasta dar un informe al gobiernos de sus actividades dos veces por año. Ya es claro por qué Washington. D.C. es la meca de los cabilderos, así como los pisos de las legislaturas estatales, un bazar donde los grupos especiales hacen sus apuestas, a expensas del dinero de los contribuyentes.
Como ha explicado Deanna Gelak y Fred S. McChesney en su libro Money for Nothing: Politicians, Rent Extraction and Political Extorsion (1997), el origen inmediato de estos grupos en Norteamérica antecede a la Administración del Presidente Ulysses Grant, quien desde el «lobby», o salón de recepciones del Hotel Willard, recibía a los buscones políticos («the political wheelers and dealers»), accediéndoles a su riconcito de negocios y prebendas mientras el Presidente gozaba de su copa de brandy y un cigarro fino.
Richman, en conclusión, dice que si de algo sufre la democracia estadounidense, además de la ignorancia racional y la apatía del mismo electorado, engañado por imágenes e ineducado por la sustancia misma de los problemas que lo aquejan, es por los cabilderos. «El sistema está dominado por intereses especiales». Y éstos saben defenderse muy bien y protegerse, con la Primera Enmienda de la Constitución, al invocar el derecho a la libre expresión y «the right to petition», cuando surge legislación que los desenmascara e impone una regulación a su actividad.
El cabildeo funciona de muchas maneras. En 1952 y 1953, en la Corte Suprema federal había un pleito, donde la parte demandante, que pedía su investigación, describía la amenaza del cabildeo y sus actividades como intencionadas a influencia, promover y obstaculizar legislación en la Agenda del Gobierno Federal «to influence, encourage, promote, or retard legislation». El resultado provisional de la polémica se ilustra con la decisión sobre el caso de 1952, Rumely v. United States, 197 F.2d 166, 173-174, 177 (D.C. Cir. 1952), ventilado en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en el que se dice:
«In support of the power of Congress it is argued that lobbying is within the regulatory power of Congress, that influence upon public opinion is indirect lobbying, since therefore attempts to influence public opinion are subject to regulation by the Congress. Lobbying, properly defined, is subject to control by Congress... But the term cannot be expanded by mere definition so as to include forbidden subjects. Neither semantics nor syllogisms can break down the barrier which protects the freedom of people to attempt to influence other people by books and other public writings... It is said that lobbying itself is an evil and a danger. We agree that lobbying by personal contact may be an evil and a potential danger to the best in legislative processes. It is said that indirect lobbying by the pressure of public opinion on the Congress is an evil and a danger. That is not an evil; it is a good, the healthy essence of the democratic process».
Del cabildeo hay que saber además algo observado por el Centro de Políticas Responsables y que ha publicado en su página web OpenSecrets.org, quienes indican que en tal profesión se gana «mucho dinero por ejercer presión entre los miembros del Congreso y funcionarios gubernamentales sobre los asuntos de importancia para sus clientes, pero el dinero que las industrias, compañías, sindicatos y grupos de interés gastan en cabildear, con frecuencia es solamente una cantidad muy pequeña comparada con lo que pueden ganar en retorno si sus cabilderos tienen éxito».
Esta actividad que en un tiempo se consideró «indigna y adulteradora» suele ser el destino final de muchos ex-funcionarios. El grupo de observación Public Citizen (Ciudadano Público), informó que el 43% de los 198 miembros del Congreso que dejaron el gobierno entre 1998 y 2005, se convirtieron en cabilderos. Se retiran de la política sólo en apariencia. Aplican las mañas aprendidas para continuar en el lucro y en la perversión de la democracia.
El Centro para una Política Sensible (Center for Responsive Politics, CRP), según lo cita el periodista Ibid Asiam, revela que: «Por cada día que el Congreso legislativo estuvo en sesión el año pasado, los cabilderos gastaron, en promedio, 17 millones de dólares para ganar el favor de legisladores y otros funcionarios... Empresas, sindicatos, gobiernos extranjeros y otros grupos de presión ("lobbies", en inglés) invirtieron el año pasado la suma sin precedentes de 2,790 millones de dólares —7.7% más que en 2006— para influir sobre las decisiones políticas».
«Cuando nuestra economía está al borde de la recesión, la industria del 'lobby' se encuentra en expansión. Los grupos de presión son resistentes a la recesión. En algunos aspectos, incluso, buscan más (favores) del gobierno cuando la economía se desacelera», dice la directora ejecutiva del Center for Responsive Politics, Sheila Krumholz. «En el caso de los contratos gubernamentales, "los retornos son astronómicos. Se ganan licitaciones por valores multimillonarios a cambio de unos 100.000 dólares invertidos en el 'lobby'", agregó.
En el renglón de la salud fue el que más dinero dedicó en 2007: 444.7 millones de dólares, señaló el CRP. Las instituciones financieras, de seguros e inmobiliarias se ubicaron en segundo lugar, con un desembolso de 418.7 millones de dólares, mientras que los laboratorios medicinales pagaron a los cabilderos 227 millones de dólares. La industria farmacéutica invirtió en este concepto 1,300 millones de dólares en la última década.
CIFRAS DE 2007 DE LAS INVERSIONES GRUPOS CON INTERESES ESPECIALES
Empresas de seguros, en 2007: 138 millones de dólares.
Compañías de electricidad: 112.7 millones
Computación e Internet: 110.6 millones
El sector bursátil y la banca de inversión: 87.3 millones, 40% más que en 2006.
OJO:
Pero hay una BUENA NOTICIA ofrecida por The Washington Post: Después de la Administración de derrochar 14.5 billones en pagar a Halliburton por la provisión de apoyo logístico en favor de las tropas del U.S. Army, su contrato no serrá renovado. El Army descontinuará este controversial contrato multimillonario de servicios en Iraq. La decisión como una reacción a las muchas críticas que juzgan el contrato como «a symbol of politically connected corporations profiteering on the war». Auditorías al contratista han detectado que la compaña cobra hasta $45 por una caja de soda, duplica el costo de comidas y, en fin, hay más de $1 billón en costos cuestionables por servicios. Un puro robadero. .
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Bibliografía
Fred S. McChesney en su libro Money for Nothing: Politicians, Rent Extraction and Political Extorsion (Cambridge, Massachussetts, Harvard University Press, 1997)
Deanna Gelak, Lobbying and Advocacy: Winning Strategies, Resources, Recommendations, Ethics and Ongoing Compliance for Lobbyists and Washington Advocates, TheCapitol.Net, 2008, LobbyingAndAdvocacy.com
Abid Asiam, «La mejor democracia comprada por dinero», en: La Tribuna Hispana, USA (Nueva York), 04/17/08 La Tribuna Hispana
Sheldom Richman, Tethered Citizens: Time to Repeal the Welfare State (The Future Freedom Foundation, 2001)
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