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Por CARLOS LOPEZ DZUR
Los gobernadores coloniales, cuando ni sirven al pueblo ni a la nación interventora, merecen ser destituídos. Un procso de «recall». Si para ago sirve el PNP, casi desde su fundación y sin la fiscalización eficaz de ningún partido de minoría que se oponga, es para el despilfarro y robo de fondos federales.
Un redada federal que, en días pasados, hizo arrestos en el Departamento de Educación en Puerto Rico ejemplifica que en Puerto Rico se han popularizado. las conspiraciones de «lavado de dinero mediante varios esquemas que se extendieron entre 2008 y 2009» y. por voz de William D. Hamel, de la Oficina del Inspector General de Educación, se indica que tales actos son «de una forma deliberada, metódica y significativa», actos que abusan de la «posición de confianza para lucro personal».
El 21 de septiembre pasado, trece empleados fueron arrestados y acusados por defraudar programas federales y favorecer el otorgamiento de contratos a compañías privadas a cambio de dinero y otros bienes. «Muchos de los servicios estaban relacionados con la venta de libros, computadoras e Internet... El primero en la acusación resulta ser el ex director del departamento de Compras, Luis Conde Rosa, quien presidió el grupo «Young Republicans» de Puerto Rico»; pero, entre los presuntos delincuentes, están, Luis Santiago Caro, presidente de School Solutions, Inc. y Service Pro Corp., Daniel Erazo Burgos, ex supervisor de compras de Educación, Mario Rodríguez Guerra, contador público autorizado, otros.
Estos funcionarios se lucraron personalmente al recibir sobornos de varios empresarios que compraron sus contratos, violando las leyes establecidas por el Gobierno», dijo la la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez al explicar que el esquema fraudulento de Conde Rosa y el fraude a los programas federales produjo 141 cheques, ascendentes a $933,139.25, por servicios que no fueron otorgados.
Conde Rosa, antes exitoso empresario, previo a nombramiento en Educación, desprestia con estos actos al Partido Republicano en Puerto Rico y al ya desprestigiado Partido Nuevo Progresista y la administración de Fortuño. Minar y maklversar los recursos del Departanento de Educación en el PNP es práctica vieja. En pasadas administraciones, hubo que investigar funcionarios y aún destituir a un Secretario de Educación, Victir Fajardo, cuando durante la administración del Gobernador Pedro Roselló se apropiara, con sus cómplices, de millones de dólares. Fajardo confesó que robó más de $4 millones de fondos del programa federal «Título I», el cual está destinado a la educación de niños de escasos recursos. Por el delito, Fajardo aún cumple su condena federal por ese crimen.
El Title I de la la Ley «No Child Left Behind Act» autoriza ayuda directa a Estados ol distritos escolares que en 2011 a 1912 representa entre $520,157,458 y $503,242,519, de los que Puerto Rico se puede beneficiar
Cuando Roberto Sánchez Ramos fue secretario de Justicia, de Puerto Rico y Sila M. Calderón, gobernadora por el Partido Popular, todavía apestaba «las lagunas, imprecisiones y conductas contradictorias de los funcionarios» asociados a procesos de robo en el Departamento de Educación, por ejemplo, el caso de Jesús Emilio Rivera Class, contratista que obtuvo acuerdos millonarios con el Departamento deEducación.
Dentro de su actual crisis económica, los EE.UU. ha tenido disponibles más de $400 billones en donativos y subsidios federales en más de 1,000 programas de agencias tan diversas como U.S. Department of Health t Human Services, Children, Youth and Families (ACYF) en Educación y otras. En Puertro Rico, es através de la Oficina de Presupuestos que se logran o tramitan las asignaciones otorgadas por el Gobierno Federal, ya sea mediante propuestas sometidas por la Agencia o legisladas directamente en aportaciones en bloque El presupuesto del Departamento de Educación está distribuido en doce (12) programas.
A mi juicio, el Departamento de Educación debe ser la primera de las instituciones departamentales a la que deber revocarse su autoridad rectora de los partidos de gobierno, yendo a una administración civil, ajena a los vaivenes políticos, centralización incompetente, duplicación de funciones y tanta corrupción. El gobierno federal debe dejar de entregar fondos de sus programas a la secretaría de Instrucción Pública y creat nuevas formas de canalización y supervisión de esos fomdos.
Los partidos coloniales se organizan como mafias de nepotismo, empleamiento de cómplices y adláteres para el encubrimiento del enriquecimiento iilícito de una cúpula política. Las agencias públicas (la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo) no resistirían una investigación que pusiera al relieve la violación de leyes federales de igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminación. En tal cuartel de empleos para partdiarios del PNP / o partido gobernante / la tansgresión de ética pública, la injusticia y el derroche, son rampantes. El ejecutivo Cordero merece uyhna destitución inmediata,
El alegado presupuesto de educación en Puerto Rico es de $2,246 millones, aumento de $134 millones o 6.4% respecto al año fiscal 2011. Hay quien duda de estas cifras oficiales de Fortuño debido el alto grado de mentiras y propaganda que se maneja en su administración. Para el año fical 2005-2006, la economista Dra. María Enchautegui, aducía como cifra del presupuesto de Educación (en la fecha dada) $1,317 millones, que es casi la mitad de la alegada por Fortuño. ¿Ha podido duplicarse en cinco años y, si ha sido así, por qué la queja es que la educación es cada vez más deficiente y qie son menos los recursos y matariales disponibles por los maestrros para impartir la enseñanza del kinder al grado 12?
En este gobierno de mentiras y corrupción, donde ni se da buena cuenta del dinero de los contribuyentes locales ni del dinero que viene por donativos federales, el Gobierno Federal debe proteher y fiscalizar lo que da y la única manera es que los EE.UU. nombre los funcionarios qu han de administrar los programas fuera de las manos de los 'fajardos, conde-rosas-kid-cajitas'; y otros bribones del gobierno
El Gobierno de Puerto Rico que desde 1993 apoya una Reforma Integral del Sistema de Educación Pública. y que, con la Ley Núm. 149 del 30 de junio de 1999, se ha quedadp a miyad del proceso, requiere mucho más de un proyecto de reforma. Una idea es que el Secretario(a) de Educación sean por elección y no por nombramiento del Gobernador, que tenga la confirmación de la Legislatura, a fin de que como funcionario sirva con independencia y no en afinidad con banderías o agendas políticas de quienes, otrora le nombrara. Esto debe ser así, igualmente, con las posiciones de Jueces, Secretarios de Justicia, Jefe de Policía Estatal, Jefe de Corrección o Penales y Contralor o Tesorero Estatal.
El peculado, la politización y la corrupción en el sistema judicial de Puerto Rico y cómo se derrocha su prespuesto fiscal (que para el 2011-12 fue de $138 millones) es inaudito. Los jueces son en la isla los «premiodos políticos» de los Partidos, independientemente del mérito y acumulan por ende salarios, autoridad decisional inclinada o vendida al mejor postor, privilegios y pensiones, que no están en proporción a lo que realmente contribuyen al país. «Despolizar el sistema judicial en Puerto Rico es parte de sanear la ética y las fisuras de corrupción. Los jueces deben ser electos en plesbicitos que cuenten con la aprobación de la Asamblea Legislativa y la zona distrital a la que han de servir». (cf. «Proyecto Constitucional Puertorriqueño para la reforma del Gobierno»).
Otra área en que el Gobierno Federal debe tomar cartas antes de asignar fondos y colaboraciones es la de la policía estatal. El Departamento de la Policía de Puerto Rico tiene un presupuesto anual de $759 millones y con tales recursos lo que parece hacer es nada. Nutrir los bolsillos de ejecutivos papanatas. Recientemente, un informe del Departamento de Justicia Federal denunció el patrón sostenido de violaciones a los derechos civiles y humanos en Puerto Rico y los congresustas Luis Gutiérrez (puertorriqueño por Nueva York), el senador Dick Durbin y el representante John Conyers, han coincidido en favor de la denuncia contra una policía que, en palabras de Gitiérrez, «se dedica a golpear y espiar» a los puertorriqueños en la isla. «Cualquier sentido de justicia, seguridad o la fe en la democracia se va por la ventana».
El hallazgo del Informe Federal, que incluye 133 recomendaciones, es que, desde 2007 o aún antes, el uso de la Policía se ha tornado en equivalente al de una fuerza política, distintiva de las viejas dictaduras latinoamericanas. Hay evidencia de que se suprime «a las patadas» la expresión pública de cualquier desidencia legítima y se conculcan los derechos civiles. Mala publicidad para una colonia.
Por ello, como medida correctiva, el Departamento de Justicia federal podría demandar a la Policía de Puerto Rico, obligarla a que «se acoja a ciertas recomendaciones que pondrían a la Uniformada en una sindicatura para cumplir con unos acuerdos supervisados por Justicia federa». Y si así advierte al nuevo superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, recordamos que hay que desempolvar sindicaturas a las cuales ajustar el departamento de Educación de Puerto Rico también y toda institución que maneje fonfos federales en Puerto Rico
Un ex-superintendente de la Policía, Pedro Toledo, cpmsciente de estos hechos, en 2008 cuando se avecinaba el cambio de gobierno, ordenó de inmediato la colaboración con las autoridades federales. El grado de violencia y atropello a los derechos civiles tendría una magnitud que se volcaba sobre comunidades inmigrantes extranjeras, «un sinnúmero de querellas de ciudadanos dominicanos». El número de atropellos a estudiantes y profesores durante la pasada huelga de la Universidad de Puerto Rico fue tan grande que un ex-Gobernado, Aníbal Acevedo Vilá, en febrero de 2011, solicitó el sumo acto de desobediencia civil, «la paralización del país para resolver la crisis en la Universidad de Puerto Rico (UPR). hasta que salga la Policía y se vayan todos los ineptos (de la UPR)».
Fortuño, jefe de una de las administraciones más impopulares, con resultados más nefastos a la economí, por un partido colonia, aslpira a la relección y paga con fondos públicos su plantilla de campaña. Ha perdido al menos once miembros de su gabinete y de su plantlla legislativa, por escándalos que van de despedidos por corrupción, ineptitud o inmoralidad, en lo que va de este año. EL FBI y los federales tiene en la mira a muchos otros, desde el encarcalamiento y convicción de Jorge Castro Font, en casos de venta de influencia desde el Sebado de Puerto Rico.
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