CARLOS LOPEZ DZUR / Revista Hola, PR / EL LIBREPEBSADOR / fICCIOLOGíA /IndiceSAN JUAN, Puerto Rico, 14 de septiembre de 2011 (NCM) – En momentos en que la crisis institucional se debate en la arena de los asediados derechos civiles, un recurso incoado por una coalición universitaria convocada por el movimiento estudiantil confronta al país con una época prácticamente olvidada, cuando en 1903 se hicieron reformas legales que sentaron las bases de un intento de modernidad democrática.
Por Jesús Dávila
“Vive al día de hoy, aunque maltrecho por responsabilidad de aquellos fiduciarios llamados a custodiarlo con celo, vive con la misma inmensidad de su valor”, declaró Luis Antonio Pabón Rojas, abogado de los estudiantes y la coalición que intenta obligar al Gobierno a dar cuentas públicas de lo que ha hecho con el tesoro de la Universidad de Puerto Rico, base material de la inclusión de la instrucción universitaria en el derecho civil a la educación.
Pabón Rojas se refería a la historia que se ha ido desenterrando con la investigación documental para el caso, que se remonta a cuando en 1903 las cámaras legislativas y el gobernador estadounidense aprobaron la ley para crear la UPR e incluyeron en la misma que esa institución sería la beneficiaria universal de los caudales sin herederos. Así, el tesoro de la UPR se ha estado nutriendo ininterrumpidamente durante 108 años pasando por las reformas de 1923, 1930 y 1952, además de las órdenes administrativas impartidas por el Departamento de Justicia en 1986, pero sobre el cual el Gobierno alega que los universitarios no tienen derecho a conocer, ni el Estado el deber de informar.
“Ese fue un gran año”, dijo Pabón Rojas y agregó que “tiene grandes dimensiones históricas”.
La investigación independiente de NCM Noticias encontró que no solamente en 1903 se aprobó el esquema para crear y sostener la universidad pública sino que en esa misma sesión legislativa fue que se incorporó a la estructura legal de la entonces joven colonia estadounidense el “auto de habeas corpus” y el “auto de mandamus”. Este último es precisamente el recurso utilizado por los estudiantes y sus aliados para requerir el inventario del tesoro universitario de herencias.
Fue un año de intensa discusión pública sobre los derechos civiles y el primer proyecto de ley, radicado el primer día de sesión de 1903, fue la abolición de la pena de muerte. La comisión que evaluó el proyecto reconoció que contaba con el apoyo de la mayoría del pueblo pero recomendó que no se aprobara porque países civilizados –como Estados Unidos- tenían la pena capital, a pesar de lo cual hicieron falta varias votaciones para derrotar la propuesta.
En cuanto a la UPR, fue también en enero cuando legisladores boricuas propusieron su creación sostenida por “donativos” de personas acaudaladas, pero la medida se pospuso hasta que el Consejo Ejecutivo (cámara alta) produjo su versión en marzo. Para lograr la aprobación del segundo proyecto, suscrito por el comisionado estadounidense de instrucción, el pedagogo Samuel McCune Lindsay, en el que los caudales sin herederos pasaron a nutrir “el Fondo de la Universidad”, hizo falta un comité mediador entre la Cámara de Diputados y el Consejo Ejecutivo en el que participó el entonces concejal y fundador del partido anexionista, José Celso Barbosa.
Pabón Rojas explicó que ese articulado, virtualmente único, traza sus antecedentes al derecho medieval, cuando los “bienes mostrencos” –sin dueño- pasaban al Rey y a las reformas del derecho civil español de 1835 y 1851, que repartieron los bienes sin herederos entre las instituciones de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales de la comarca o región del difunto.
El esquema fue apuntalado en la reforma de 1923, tiempo en que fue gobernador interino y comisionado de educación el puertorriqueño pro EEUU Juan B. Huyke, y luego en la de 1930, en los años en que se logró finalmente la abolición de la pena de muerte y cuando el líder anexionista indisputable era Rafael Martínez Nadal.
Tanto la abolición de la pena de muerte como el sistema del tesoro de la UPR sobrevivieron la reforma que instituyó el régimen autonomista denominado Estado Libre Asociado en 1952, ya bajo el liderato del caudillo Luis Muñoz Marín.
Aquellos años estuvieron además marcados por los alzamientos estudiantiles por derechos políticos y de libertad de expresión, así como el auge de las luchas socialistas y nacionalistas, que culminaron de forma contradictoria con arrestos y persecuciones masivas y el establecimiento del sistema constitucional aunque bajo la tutela colonial de EEUU.
Hoy la rueda de la historia parece haber completado un giro de 180 grados y la tendencia de eliminación de derechos políticos y sociales es motivo de preocupación en el Gobierno de Washington, que intenta mantener su dominio colonial sobre esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe.
Ahora, a la ocultación inmobiliaria por mucho más de mil millones de dólares y de bienes muebles hasta el momento incalculables en la UPR, se suma la virtual desaparición de otros mil millones de dólares de lo que se suponía era un fideicomiso perpetuo para sufragar el desarrollo de barriadas pobres bautizadas oficialmente 'comunidades especiales'. Ahora también, el Gobierno de EEUU intenta imponer cambios radicales para combatir la corrupción policial y el uso de ese cuerpo armado para reprimir los derechos civiles y el Buró Federal de Investigaciones tiene otra vez referida una pesquisa sobre el ex gobernador autonomista Aníbal Acevedo Vilá, esta vez denunciado por presuntamente tratar de chantajear a Sila María Calderón, también ex gobernadora autonomista.
Varias fuentes legislativas del anexionismo oficialista han informado por lo bajo cómo asesores con intereses no necesariamente políticos obtuvieron, manipularon y plantaron en medios cibernéticos fotos privadas de desnudos del también senador anexionista Roberto Arango, quien dimitió en medio del escándalo. El caso Arango es apenas uno más en una serie que aparenta seguir el mismo patrón.
En el nuevo contexto decadente, los insumisos estudiantes universitarios y su coalición con profesores, administrativos y trabajadores de mantenimiento y limpieza han convocado al presente viejas fuerzas de la historia que se conjugaron allá para 1903.
NCM-SJ-14-09-11-21
NOTA:Nada se sabe aún sobre el paradero de más de mil millones de dólares que hoy serían parte del fideicomiso para la educación superior. Estos granujas y ladrones que han esquilmado a la UPR deberán pagar por su traición a la Patria. Desgraciadamente no contamos con un Departamento de Justicia que imparta justicia y persiga a los responsables. Más bien los protegen. Tampoco tenemos un Tribunal Supremo que imponga respeto por las leyes. El Supremo es ahora parte de la conspiración contra los derechos del pueblo puertorriqueño. Hay que felicitar al acompañero Pabón Rojas por asumir la defensa de nuestros intereses. Salvador Tió
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Nube Roja / López Dzur / El Mural 9/11 del Artista Art Guevara / El Soberano / Página 1L José Pivín /
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