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Por Jesús Dávila
La delicada maniobra, con una conferencia de prensa en San Juan en lugar de Washington y una orden firmada por el Gobernador Luis Fortuño al día siguiente, no parece haber tenido gran repercusión en los propios Estados Unidos, donde los periódicos estaban concentrados en los preparativos para conmemorar el décimo aniversario de los ataques del 9-11 y las propuestas del Presidente Barack Obama para reducir el desempleo.
Si bien periódicos influyentes como The New York Times y el Miami Herald publicaron la noticia, una revisión al azar de periódicos grandes y medianos en 15 de los 50 estados de EEUU mostró que el tema pasaba ignorado. En general, pareció seguir la tendencia de no publicar las incidencias de esta nación caribeña y colonia estadounidense del noreste del archipiélago de las Antillas, que está ubicada en un punto estratégico equidistante de Guantánamo y de Caracas.
La orden está contenida en un devastador informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EEUU, que concluye que la Policía nacional puertorriqueña está controlada indebidamente por un sistema de lealtades y favores de los gobiernos de turno, que a su vez han permitido la corrupción sistémica, los abusos contra la población y el uso reiterado de su fuerza para suprimir los movimientos de protesta en violación abierta de la propia constitución estadounidense. El informe y sus anejos, de 136 páginas, es prolijo en señalar casos graves como el uso impune de fuerza letal para reprimir el alzamiento de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, los inmigrantes dominicanos de la barriada Villas del Sol, los vecinos de proyectos de vivienda pública y numerosos casos de allanamientos sin causa contra gente común.
Según el documento, la Policía nacional puertorriqueña maniobra sistemáticamente para obstaculizar que los ciudadanos puedan querellarse de los abusos y el desprecio por los derechos civiles y la vida humana queda ilustrado por una instrucción oficial a los policías de que “después de disparar un arma de fuego la consideración principal que debería estar presente es la prevención de la oxidación” por lo que hay que limpiar el arma.
Además, el documento pone en duda los informes estadísticos oficiales –como la supuesta reducción de casos de violación de mujeres- a la vez que presenta pruebas de la forma en que los policías abusadores escapan a las sanciones disciplinarias mientras los oficiales que osan denunciarlos ven desvanecerse sus posibilidades de ascenso en un sistema basado en el padrinazgo político. De igual forma, se publican las cartas en las que al menos desde 2008 se estuvo advirtiendo a los gobiernos insulares de turno sobre lo que estaba apareciendo en la pesquisa, lo cual era respondido con promesas de cambios que no se materializaron.
Ante la situación y luego de que al parecer se retuviera el informe por varios meses –los hallazgos más recientes datan de febrero o marzo pasados- el Gobierno de Washington optó por imponer un plan de reorganización basado en las reformas logradas en Los Ángeles y Nueva York, para ser ejecutado por el Gobierno de Puerto Rico bajo supervisión del Tribunal de Distrito de EEUU.
La estrategia usada por el Gobernador Fortuño fue reiterar su lealtad y colaboración total, para lo cual asignó a Rodríguez Ema como el encargado de hacer que las reformas se implanten. La designación se produjo a pesar de declaraciones que ha hecho el funcionario aludido, como la de que “sacaría a patadas” a estudiantes que protestan en la Universidad de Puerto Rico.
Durante una visita de inspección de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que se espera rinda su informe final este mes, Rodríguez Ema se reunió con los enviados para recabarles que rindieran un informe “objetivo” en el que resaltaran la violación de los derechos civiles de los estudiantes que “quieren estudiar” por parte de los huelguistas.
De hecho, si bien el informe es específico en la documentación de violaciones masivas de derechos civiles, no extendió la investigación a la participación directa y concertada que tuvieran los funcionarios de alto nivel en el Gobierno en la planificación y ejecución de tales actos. Tampoco recomienda sanciones contra funcionario alguno.
Eso, a pesar de que el propio documento indica que “públicamente, funcionarios de Puerto Rico y comandantes del Departamento de Policía han justificado el nivel de fuerza” usado por la división contra motines porque acusan a los manifestantes de vandalismo generalizado y amenazas a la seguridad pública.
Ni siquiera entra en las circunstancias generales que han rodeado las violaciones de derechos civiles por parte de la fuerza policial. Por ejemplo, al referirse a los sucesos del Capitolio del 30 de junio de 2010, el documento no alude a la declaración jurada de un testigo de la propia Policía nacional que declaró cómo la orden de cargar contra los estudiantes se produjo dos horas antes de los hechos, ni a que en medio de la alteración se aprovechó para aprobar un proyecto de ley quitándole a los estudiantes universitarios el derecho de asamblea y restringiendo a sus líderes el derecho de hacer declaraciones públicas.
El informe documenta el uso de técnicas de tortura por parte de la Policía nacional contra los estudiantes que hicieron desobediencia civil pacífica, pero no el del uso de caballos, subametralladoras, rifles de asalto y escopetas por parte de unidades especializadas durante los disturbios. De igual forma pasa por alto el denunciado uso de agentes encubiertos para provocar violencia o la contratación de fuerzas irregulares privadas, compuestas por muchachos reclutados en vecindarios de alta incidencia criminal para intentar aterrorizar a los estudiantes.
NCM-SJ-09-09-11-20
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