Juan María Bordaberry Arocena (n. en 1928), político y estanciero uruguayo. Presidente constitucional entre 1972 y 1973 y de facto entre 1973 y 1976. Educado en el colegio de los Padres Jesuitas, se transforma en un católico integrista y enemigo del Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII. Bordaberry es uno de los principales exponentes de Carlismo fuera de España. Fue designado Caballero de la Legitimidad Proscrita junto a otras personalidades del mundo hispánico el 3 de mayo de 2006 en atención a su compromiso con la Hispanidad y su defensa del carlismo....Según la Comunión Tradicionalista Carlista «su acción de gobierno aplicó principios orgánicos, restauró la autoridad y propició el avance económico y social de los uruguayos, de tal modo que se merece el reconocimiento de los carlistas y de los españoles de buena voluntad».
Ex dictador uruguayo fue condenado a 30 años de cárcel. Juan María Bordaberry está acusado de 11 homicidios; cumplirá su detención en su domicilio debido a su estado de salud.
URUGUAY: El ex presidente devenido en dictador Juan María Bordaberry fue notificado el martes por la jueza penal Mariana Motta que fue condenado a 30 años de cárcel por atentar contra la Constitución y por 11 homicidios.
«Se ha cumplido con la justicia y es la primera vez que un dictador es condenado. Se le comunicó que está condenado por atentado a la Constitución, que es la madre de todas las leyes», dijo a la prensa la abogada Hebe Martínez Burlé quien desde el 2002 patrocina esta causa.
«Sí lo ví. Estaba en silla de ruedas, pero hubiera sido bueno que se lo mostrara para determinar si está tan enfermo como se dice», agregó.
«Desde este momento, el señor Bordaberry debe ser tratado como condenado de delito de lesa nación», agregó.
Bordaberry, de 81 años, fue trasladado a la sede judicial en una ambulancia, en silla de ruedas y conectado a un balón de oxígeno por su precario estado de salud, que llevó a que la detención la esté cumpliendo en su domicilio, tras unas pocas semanas en la cárcel central de la jefatura de policía. Padece de insuficiencias respiratorias y enfisema pulmonar, entre otros males.
En la ambulancia con vidrios oscuros iban algunos de sus hijos, entre ellos Pedro, senador del partido Colorado. Bordaberry no se pudo ver en ningún momento, ni al entrar la ambulancia ni a su salida, en medio de fuertes medidas de seguridad de la policía antimotines y vallas metálicas que cortaron el tránsito vehicular. No hubo incidentes.
Martínez Burlé dijo que «quedan instancias aún, y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia», descontando que se apelará la condena.
Martínez Burlé dijo, empero, que descontaba que no iba a revertirse la situación. «Es la primera condena de un dictador y esto es emblemático», añadió.
Bordaberry, un rico hacendado conservador, había sido procesado con prisión preventiva en 2006.
Fue electo presidente en las elecciones de 1971, pero en junio de 1973 dió un golpe de estado que lo dejó al frente de un gobierno de facto apoyado en las Fuerzas Armadas. Estas mismas lo destituyeron en 1976, y el régimen militar se prolongó nueve años más, hasta 1985.
La pena de 30 años fue pedida por la fiscal Ana María Tellechea en agosto de 2009, y es la más severa que permite la legislación.
La condena de primera instancia había sido dictada el 10 de febrero por la jueza por pedido de la fiscal Ana María Tellechea y la del martes fue la formalización de la notificación, tras haber sido informados sus abogados defensores.
Los abogados defensores de Bordaberry solicitaron que la notificación le fuera efectuada en el domicilio por su estado de salud pero la jueza Motta se negó y debió comparecer ante el tribunal.
Bordaberry es uno de dos civiles procesados. El otro es su ex-canciller Juan C. Blanco involucrado asimismo en causas de homicidios y desapariciones de personas y está preso en la cárcel central de la jefatura de policía.
MOMENTO CRUCIAL: Bordaberry asumió como presidente en un momento de especial intensidad de las actividades, tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, como de grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), todo ello en medio de una crisis económica.
Hizo frente a la situación aliándose con los sectores más conservadores militares y civiles, que ocuparon los puestos más relevantes del gobierno. Durante los primeros meses, se descubrió la Cárcel del Pueblo donde la guerrilla tupamara había mantenido secuestrados a varios enemigos de clase; ese fue el principio del fin de la sedición.
En marzo de 2010, la fiscal Mirtha Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para Juan María Bordaberry y para el ex canciller Juan Carlos Blanco por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en 1976.
«El encarcelamiento de Bordaberry y Blanco se produce a un año y medio de la asunción del presidente socialista Tabaré Vázquez, quien ha instaurado una nueva política de Estado en materia de derechos humanos por la cual se ha permitido que casos ocurridos durante la dictadura militar sean finalmente indagados por la justicia penal. Ya hay ocho militares y policías procesados y en prisión por un caso de desaparición forzada, mientras se mantiene bajo prisión administrativa a otros tres militares cuya extradición ha sido solicitada por la Justicia Federal argentina», escribe el periodista Roger Rodríguez en. El dictador y su Canciller entre rejas
«Con el dictador y su Canciller presos en la misma Cárcel Central donde ya se amontonan militares y policías violadores de los derechos humanos, los uruguayos parecen sentir que un viento de cambio ha comenzado a disipar la impunidad que protegía a los autores de los crímenes de la dictadura, una impunidad consolidada durante los cuatro gobiernos constitucionales que siguieron al régimen de facto. Parece comenzar a cumplirse una promesa preelectoral del presidente Tabaré Vázquez en la que aseguró que su gobierno haría temblar hasta las raíces de los árboles», agrega.
Una decena de militares retirados están también procesados y en prisión por una cantidad de causas de violaciones a los derechos humanos durante la represión antisubversiva que derivó en el golpe de estado de 1973.
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«Se ha cumplido con la justicia y es la primera vez que un dictador es condenado. Se le comunicó que está condenado por atentado a la Constitución, que es la madre de todas las leyes», dijo a la prensa la abogada Hebe Martínez Burlé quien desde el 2002 patrocina esta causa.
«Sí lo ví. Estaba en silla de ruedas, pero hubiera sido bueno que se lo mostrara para determinar si está tan enfermo como se dice», agregó.
«Desde este momento, el señor Bordaberry debe ser tratado como condenado de delito de lesa nación», agregó.
Bordaberry, de 81 años, fue trasladado a la sede judicial en una ambulancia, en silla de ruedas y conectado a un balón de oxígeno por su precario estado de salud, que llevó a que la detención la esté cumpliendo en su domicilio, tras unas pocas semanas en la cárcel central de la jefatura de policía. Padece de insuficiencias respiratorias y enfisema pulmonar, entre otros males.
En la ambulancia con vidrios oscuros iban algunos de sus hijos, entre ellos Pedro, senador del partido Colorado. Bordaberry no se pudo ver en ningún momento, ni al entrar la ambulancia ni a su salida, en medio de fuertes medidas de seguridad de la policía antimotines y vallas metálicas que cortaron el tránsito vehicular. No hubo incidentes.
Martínez Burlé dijo que «quedan instancias aún, y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia», descontando que se apelará la condena.
Martínez Burlé dijo, empero, que descontaba que no iba a revertirse la situación. «Es la primera condena de un dictador y esto es emblemático», añadió.
Bordaberry, un rico hacendado conservador, había sido procesado con prisión preventiva en 2006.
Fue electo presidente en las elecciones de 1971, pero en junio de 1973 dió un golpe de estado que lo dejó al frente de un gobierno de facto apoyado en las Fuerzas Armadas. Estas mismas lo destituyeron en 1976, y el régimen militar se prolongó nueve años más, hasta 1985.
La pena de 30 años fue pedida por la fiscal Ana María Tellechea en agosto de 2009, y es la más severa que permite la legislación.
La condena de primera instancia había sido dictada el 10 de febrero por la jueza por pedido de la fiscal Ana María Tellechea y la del martes fue la formalización de la notificación, tras haber sido informados sus abogados defensores.
Los abogados defensores de Bordaberry solicitaron que la notificación le fuera efectuada en el domicilio por su estado de salud pero la jueza Motta se negó y debió comparecer ante el tribunal.
Bordaberry es uno de dos civiles procesados. El otro es su ex-canciller Juan C. Blanco involucrado asimismo en causas de homicidios y desapariciones de personas y está preso en la cárcel central de la jefatura de policía.
MOMENTO CRUCIAL: Bordaberry asumió como presidente en un momento de especial intensidad de las actividades, tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, como de grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), todo ello en medio de una crisis económica.
Hizo frente a la situación aliándose con los sectores más conservadores militares y civiles, que ocuparon los puestos más relevantes del gobierno. Durante los primeros meses, se descubrió la Cárcel del Pueblo donde la guerrilla tupamara había mantenido secuestrados a varios enemigos de clase; ese fue el principio del fin de la sedición.
En marzo de 2010, la fiscal Mirtha Guianze solicitó una condena de 30 años de prisión para Juan María Bordaberry y para el ex canciller Juan Carlos Blanco por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en 1976.
«El encarcelamiento de Bordaberry y Blanco se produce a un año y medio de la asunción del presidente socialista Tabaré Vázquez, quien ha instaurado una nueva política de Estado en materia de derechos humanos por la cual se ha permitido que casos ocurridos durante la dictadura militar sean finalmente indagados por la justicia penal. Ya hay ocho militares y policías procesados y en prisión por un caso de desaparición forzada, mientras se mantiene bajo prisión administrativa a otros tres militares cuya extradición ha sido solicitada por la Justicia Federal argentina», escribe el periodista Roger Rodríguez en. El dictador y su Canciller entre rejas
«Con el dictador y su Canciller presos en la misma Cárcel Central donde ya se amontonan militares y policías violadores de los derechos humanos, los uruguayos parecen sentir que un viento de cambio ha comenzado a disipar la impunidad que protegía a los autores de los crímenes de la dictadura, una impunidad consolidada durante los cuatro gobiernos constitucionales que siguieron al régimen de facto. Parece comenzar a cumplirse una promesa preelectoral del presidente Tabaré Vázquez en la que aseguró que su gobierno haría temblar hasta las raíces de los árboles», agrega.
Una decena de militares retirados están también procesados y en prisión por una cantidad de causas de violaciones a los derechos humanos durante la represión antisubversiva que derivó en el golpe de estado de 1973.
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