Por CAROLINE BENNETT / Especial para The Miami Herald
SAN LORENZO, Ecuador: José Nelo recuerda muy bien la lluviosa noche, hace tres meses, cuando huyó de su casa en Colombia con su familia y un pequeño maletín. Hombres armados habían entrado en su casa, asesinado a su hermano y amenazado con matar al resto de la familia si no se iban del pueblo en 48 horas.
«No teníamos otra opción que irnos rápido aunque no supiéramos adónde ir. Nos iban a matar», dijo Nelo frente al cobertizo donde vive su familia.
La crisis de refugiados a causa del conflicto en la vecina Colombia ha dejado a miles de personas desplazadas en Ecuador, que ahora está en segundo lugar, por detrás de Sudán, en cantidad de refugiados internos. Intimidados por las guerrillas y grupos paramilitares, muchos campesinos y sus familias huyen de las amenazas de muerte, el reclutamiento obligatorio, el cobro de impuestos ilegales --llamados vacunas--, la confiscación de tierras y la violencia en sus pueblos y aldeas.
La situación también ha provocado que más colombianos desplazados busquen refugio en Ecuador, que tiene una generosa política de asilo. Aunque el país alega tener 22,000 refugiados inscritos, el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas (UNHCR) estima que hay una "población invisible'' de unos 135,000 refugiados con necesidad de protección internacional.
La familia de Nelo estuvo viajando tres días por tierra y en canoa a través de selvas y manglares antes de llegar hace unos tres meses a Pampanal. La pequeña comunidad en la costa noroeste de Ecuador está en una de las regiones más pobres y descuidadas del país. Aunque la familia de seis comparte una habitación sin agua corriente, al menos se siente segura en Ecuador.
Desde hace tiempo los refugiados se han establecido en Ecuador, pero familias como los Nelo tienen una mejor posibilidad de integrarse a la sociedad gracias a una iniciativa gubernamental para acelerar el proceso de reconocimiento de los refugiados.
El proyecto Inscripción Ampliada, implementado a un costo de $2 millones, lleva el proceso de asilo al campo y reduce la espera de varios meses a un solo día.
«Es muy importante que saquemos a los refugiados de la invisibilidad para que puedan conseguir trabajo y funcionar legalmente en la sociedad», dijo Alfonso Morales, director general del Departamento de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. "Durante mucho tiempo han sido muy vulnerables. Es muy difícil conseguir trabajo legalmente e integrarse a la sociedad sin documentos''.
Aunque los solicitantes de asilo legal tienen acceso a programas públicos de servicios médicos y educación, cuando llegan a Ecuador no tienen permiso de trabajo porque no tienen visa de refugiado. Muchos se integran al sector informal donde son objeto de abuso por parte de empresas --los refugiados saben que no las pueden denunciar-- y no tienen dinero para sobornar a la policía e impedir la deportación.
Algunos viven en Ecuador desde hace años sin documentos y muchos no conocen el proceso de solicitud. Entran en el país a través de puntos ciegos en la frontera y nunca reciben información sobre sus derechos, o los conocen pero tienen miedo de visitar una gran ciudad para inscribirse. Otros temen la deportación o simplemente no saben que cumplen los requisitos de asilo.
La Inscripción Ampliada es revolucionaria porque lleva la política de los refugiados a la frontera en vez de esperar qie la gente se presente ante las autoridades, dijo Xavier Orellana, portavoz del UNHCR en Ecuador.
«Aquí me sentía como una presa, tenía miedo de salir porque podía encontrar a la policía verificando documentos'», dijo Martha Montilla, que llevaba cinco años en Ecuador sin documentos hasta que recientemente recibió el status de refugiada a través de la Inscripción Ampliada. ‘«Ahora puedo ir a cualquier parte sin la preocupación de que me deporten'».
Desde mediados de marzo más de 4,700 personas han recibido identificación de refugiado del gobierno ecuatoriano como parte de la Inscripción Ampliada, equivalente al 20 por ciento de los refugiados inscritos desde el 2000. El proyecto tiene por fin entregar documentos a por lo menos 50,000 refugiados colombianos en un año.
Se han planteado preocupaciones de que el proceso sea excesivamente rápido y abra las fronteras del país a una inundación de nuevos inmigrantes.
Morales insiste en que no es así.
«Esto no es una amnistía migratoria, es para las personas que ya están en Ecuador y tienen derechos. Simplemente, estamos reconociendo esos derechos'».
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