Por Rafael Cox Alomar / Abogado
Ya es hora que el liderato estadista coja el toro por los cuernos y le hable claro al país y al Congreso. Si están tan seguros de que la estadidad es lo que quiere el pueblo y si es verdad que tienen tanta pujanza en Washington que echen hacia adelante un proyecto congresional Estadidad Sí o No. En lugar de subvencionar a personajes de dudosa reputación como Don Young para empujar entuertos natimuertos como el proyecto Young y el proyecto Serrano-Fortuño (H.R. 900), ese liderato debería hablar de frente aquí y allá y comenzar a negociar la estadidad con el Congreso cuanto antes.
El liderato estadista puertorriqueño jamás ha tenido la valentía de enfilarse por ese derrotero. Ni Barbosa, ni Martínez Nadal, ni García Méndez, ni Ferré, ni Romero Barceló ni inclusive el propio Rosselló asumieron tal reto cuando tuvieron la oportunidad. Ahora los herederos ideológicos de Romero y Rosselló han comenzado a dar señales de que van hacia adelante con el tema del status, en búsqueda de la tan ansiada pero a la vez tan escurridiza estrella.
A 110 años de la fundación del viejo Partido Republicano es hora de que le presenten al país la estadidad tal y como es, en blanco y negro. Pero ya verán que no lo harán. Nuevamente se avestruzarán. Lanzarán cortinas de humo y seguirán atacando al estadolibrismo para evitar enseñarle al País el mostrenco díscolo y deforme que sería el Estado 51 de Puerto Rico. Ese Frankenstein político no lo quieren sacar del sarcófago congresional; y mientras el hacha va y viene se dedican a destruir la única avenida de futuro que tenemos los puertorriqueños para asegurar nuestra sustentabilidad, que es la consecución de mayores poderes políticos a través del perfeccionamiento del Estado Libre Asociado.
¿Pero qué es la estadidad? ¿Cómo se llega a la estadidad? ¿Es acaso la estadidad un derecho o una concesión? ¿Cuáles son las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales para entrar a la Unión? ¿Por qué tanto misterio con este tema por parte del liderato estadista?
Empecemos por el principio. La estadidad no es un derecho sino una concesión por parte del Congreso. Los 37 territorios a los cuales se les ha concedido admisión a la Unión luego de las 13 colonias originales desde Vermont en 1791 hasta Hawaii en 1959 todos han repechado por el mismo camino hasta llegar a la estadidad. Lo que los estadistas aquí no dicen es que Puerto Rico tendría que entrar a la Unión en igualdad de condiciones con los 50 estados. A diferencia de las negociaciones que se darían entre nosotros y el Congreso para el perfeccionamiento del Estado Libre Asociado, el paso hacia la estadidad no provee espacio ni para la flexibilidad ni mucho menos para la creatividad política (lo que Frankfurter llamó creative statesmanship). Perfeccionar el Estado Libre Asociado y llevarlo hacia niveles más elevados de autoridad política equivale a construir un orden nuevo de las cosas que se ajuste a nuestras realidades. Con la estadidad el molde ya está hecho.
A los herederos ideológicos de Romero y Rosselló que hablen claro. ¿Cuál sería el impacto real en nuestra economía de la eliminación de la autonomía fiscal y de la aplicación a Puerto Rico del Tax Uniformity Clause de la
Constitución federal (U.S. Const. Art. I, § 8)? ¿Cuál, si alguno, sería el paquete de disposiciones transitorias aplicables a Puerto Rico al momento que cese de golpe y porrazo nuestra autonomía fiscal? ¿Si en Alaska y en Hawaii el paso a la estadidad fue refrendado por 83% y 93% de sus respectivos electorados, por cuánto tendría que ganar la estadidad aquí para que el Congreso siquiera la considerara? ¿Qué porcentaje del electorado puertorriqueño tendría que refrendar la ley habilitadora del Congreso? ¿Qué índice de crecimiento económico y de producto nacional bruto Puerto Rico tendría que alcanzar para poder enfrentar las cargas fiscales que presupone la estadidad?
¿Qué política lingüística impondrá el Congreso como condición de entrada, se requerirá el inglés como idioma de preferencia en los procedimientos judiciales, legislativos y educativos como fue el caso en Luisiana, Utah, Oklahoma y Nuevo México? ¿Y qué de las instalaciones de defensa? ¿Y qué de las deudas del gobierno local antes de la entrada en vigor de la estadidad? ¿Nos tratarán como a Texas, Montana, las Dakotas, Washington, Utah, Oklahoma, Arizona y Nuevo México, que tuvieron que arrastrar con sus deudas y encima de eso también subvencionar al gobierno federal (en medio de esta hecatombe económica)? ¿Y qué de los terrenos federales hoy en proceso de ser transferidos al Estado Libre Asociado? ¿Y qué del recio apego de nuestra gente a su nacionalidad e identidad? ¿Habrá apetito en el Congreso para admitir a la Unión un estado donde la estadidad jamás ha ganado ni un solo plebiscito? ¿Cómo concederle la estadidad a Puerto Rico cuando la mayoría de nuestra gente nunca la ha querido?
En 110 años de existencia, el liderato estadista jamás ha contestado ninguna de estas interrogantes con profundidad porque sabe que si la realidad saliera a flote no tendría nada que buscar ni aquí ni allá. Dejen de hacerle perder tiempo al país y cojan el toro por los cuernos. Definan su fórmula y preséntensela al Congreso y al pueblo de Puerto Rico. Estadidad ¿Sí o No?
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