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Por Thierry Meyssan
Dejando de lado la retórica humanitaria, los oradores de la mayoría presidencial expresaron abiertamente sus verdaderas intenciones coloniales al referirse a las oportunidades económicas que abre la guerra y expresaron regocijo por la conquista de la región libia de Cirenaica.
La Asamblea Nacional de Francia discutió –el 12 de julio de 2011– la continuación de la intervención militar en Libia [1]. El debate respondía a la aplicación de una nueva disposición constitucional que exige un voto del parlamento al cabo de 3 meses de operaciones militares en el exterior.
Los diputados se felicitaron, con toda razón, por convertirse así en partícipes de una decisión sobre la implicación de las fuerzas armadas. Aunque esa reforma promovida por Nicolas Sarkozy implica un claro progreso democrático, la realidad es que el resultado está aún muy lejos de ser satisfactorio.
En primer lugar porque ese voto tiene lugar al cabo de 3 meses de guerra y también porque los diputados no supieron, o no quisieron, preparar su realización.
Es evidente que los diputados no tenían a su disposición un estudio profundo de las consecuencias en materia de derecho internacional (miles de denuncias de ciudadanos libios están siendo actualmente presentadas ante las jurisdicciones nacionales europeas y ante varias jurisdicciones internacionales), no disponían de ningún tipo de información sobre los hechos que sirvieron de antecedente a esta guerra (su planificación por parte de Washington desde el año 2002, el intento de golpe de Estado en Libia organizado por París en 2010, los protocolos secretos del Tratado de Lancaster House del 2 de noviembre de 2010, etc.) ni de una evaluación contradictoria sobre los crímenes imputados al gobierno libio y a los rebeldes (se hace cada día más evidente que nunca existieron los crímenes atribuidos al gobierno de Trípoli y que se han silenciado los crímenes cometidos por los sublevados), como tampoco tenían una visión clara de las operaciones militares que se están desarrollando (el papel de Al-Qaeda y de los mercenarios de Xe-Blackwater, los criterios de selección de los blancos de los bombardeos, el despliegue terrestre del Comando de Operaciones Especiales de las fuerzas armadas francesas, la entrega de armas, el estado real de los combates, etc.).
En esas condiciones, los miembros de la Asamblea Nacional no sabían en realidad qué discutir y se limitaron a hacer el papel de caja de resonancia. Hasta la contribución del grupo conformado por los diputados comunistas y anexos, que votaron por el «No», se redujo a una enumeración de principios carente de argumentos sólidos. En cuanto a los diputados no inscritos y los diputados disidentes de los grupos parlamentarios, no se les concedió el derecho a hacer uso de la palabra a pesar de ser algunos de ellos precisamente los mejor informados en el seno de la Asamblea.
¿Hipocresía colectiva o incompetencia? Los diputados tenían en definitiva que pronunciarse sobre la continuación de unas operaciones militares cuyos objetivos y legitimidad nunca cuestionaron, a pesar de que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU había otorgado a la Coalición de Voluntarios un mandato que nada tiene que ver con lo que están haciendo esos países.
[Según la resolución,] se trataba exclusivamente de proteger a los civiles de ambos bandos creando una zona de exclusión aérea. Sin embargo, esa zona [de exclusión aérea] nunca se aplicó ya que el aeropuerto de Bengasi está funcionando. Lo más importante es que la OTAN nunca ha tratado de proteger a los civiles ya que, por el contrario, ha estado encubriendo los crímenes de guerra de Al-Qaeda en Cirenaica.
Lo que sí ha hecho la OTAN es destruir en lo esencial el potencial militar de Libia y la infraestructura no petrolera, esta última se mantiene intacta en espera del futuro saqueo. También ha aplicado una política de asesinatos selectivos contra las familias de los dirigentes libios y se ha empeñado en una persecución personal contra Muammar el Gaddafi. La OTAN está violando además el embargo sobre los envíos de armas [a Libia] y ha instaurado un bloqueo ilegal para rendir por hambre la región de Tripolitania.
Como tanto repitieron los diferentes oradores [ante la Asamblea Nacional de Francia], empezando por el primer ministro, la resolución 1973 constituye la primera aplicación del principio de «responsabilidad de proteger» adoptado por la ONU en la cumbre mundial de septiembre de 2005. Ese concepto excluye, sin embargo, toda intervención tendiente a lograr un «cambio de régimen».
Tomado de Red VoltaireNet.Org
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