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Los carteles de la droga mexicanos están reclutando a niños que utilizan como «halcones» (vigías) y a quienes pagan unos 1,500 pesos semanales (120 dólares), denunció el obispo de Saltillo y premio Rafto de derechos humanos en Noruega, Raúl Vera, el jueves 14 de julio de 2011.
Por Cristiano Morsolin (Rebelión) Latinoamérica:
El Obispo de Saltillo (norte), la capital del estado de Coahuila, también señaló un aumento de los homicidios en esa región con 300 casos en 2011 y 185 denuncias de desaparecidos en los últimos años. Coahuila es uno de los seis estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos. Allí se concentra la mayoría de los más de 41,000 asesinatos vinculados con el narcotráfico que han ocurrido en México desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas a finales de 2006, según el último balance oficial más posteriores conteos de prensa.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el día 4 de febrero de 2011, la vulnerabilidad y desprotección que padecen los niños y adolescentes mexicanos en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón. Por primera ocasión, el organismo internacional se pronunció al respecto a través del Comité de los Derechos del Niño, que evaluó el cumplimiento de México sobre el Protocolo de Participación de Niños y Niñas en Conflictos Armados.
En un comunicado, previo a las conclusiones del organismo próximas a publicarse, el Comité de ONU «expresó su gran preocupación por el elevado número de niños víctimas (unos mil niños muertos en los últimos cuatro años) como resultado de la lucha del Ejército contra la delincuencia organizada, violaciones de los derechos del niño y la ausencia de investigación de los delitos perpetrados por personal militar». El Comité evaluó el cumplimiento del Protocolo a partir de información que le remitieron organizaciones civiles de México y el propio Gobierno de Calderón durante una audiencia pública celebrada el lunes 31 de enero en Ginebra, Suiza.
En esa audiencia, el Gobierno mexicano presentó un informe sobre las medidas de protección aplicadas contra la venta de menores, prostitución y pornografía infantil, así como para evitar su participación en conflictos armados. La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, rechazó que en México exista un conflicto armado y que menores participen en grupos de la delincuencia organizada.
Por su parte, un colectivo de ONG entregó al Comité de la ONU información sobre la participación de entre 25 mil y 30 mil adolescentes en la llamada «guerra» contra el narcotráfico. Incluso el conflicto ya ha cobrado la vida de 35 mil personas de diciembre de 2006 a la fecha, denunció Juan Martín Pérez García, miembro de uno de los organismos civiles que estuvieron presentes en la reunión de Ginebra.
Según el documento Infancia y conflicto armado en México, elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México (Redir), el narcotráfico utiliza a los menores de 12 años como vigilantes o halcones, mientras que a los de 12 a 15 años los emplea en el traslado de droga.
Los de 16 años en adelante, alerta, ya empiezan a ser contratados como sicarios, mientras que a las niñas las emplean como empaquetadoras de droga. Según el estudio de Redir, «actualmente 35 mil niños y jóvenes operan con pandillas trasnacionales como la Mara Salvatrucha y Los Zetas, mientras que la M-18, que opera en conjunto con el cártel de Sinaloa, enrola alrededor de 8 mil niños y jóvenes». Por esas razones, la ONU también consideró preocupante que México carezca de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados, y por tanto el que no haya asumido acciones para impedir el reclutamiento de niños por parte de grupos no estatales.
«El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que no haya niños que fueron reclutados por grupos armados no estatales, incluyendo la identificación y seguimiento de los diversos grupos armados no estatales en el país, incluidos los grupos paramilitares, grupos de delincuencia organizada y las empresas de seguridad», aclaró. Más aún, exteriorizó su preocupación por el hecho de que estudiantes de las escuelas militares hubiese tomado parte en la lucha contra el narcotráfico, al participar en la búsqueda y destrucción de drogas en acciones que ponen en riesgo su vida, como documentó la Red por los Derechos de la Infancia.
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