Meiker del Mapoe y el Tocuen«NO QUEREMOS VISITAS DE CARNICEROS»: El ex presidente Álvaro Uribe pronto hablará en Puerto Rico sobre los resultados de su Seguridad Democrática que hizo desaparecer 38 000 colombianos durante tres años, o la mafiación de la sociedad colombiana.
Por Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto Rico (NCM) – La llegada del ex presidente colombiano Alvaro Uribe –prevista para junio- marca un nuevo avance de la contraofensiva del Gobierno, que sin embargo se topa con nuevos temas comprometedores, como la ocultación inmobiliaria por más de mil millones de dólares en la universidad del Estado y el presunto adiestramiento de una fuerza irregular anti disturbios.
Su presencia para dar ánimos sobre la inversión extranjera tiene importancia particular pues aunque el Gobierno ha logrado neutralizar sectores importantes de lucha social, como los sindicatos de trabajadores del Estado, todavía enfrenta una fuerte oposición a proyectos estratégicos, los estudiantes universitarios se niegan a rendirse y, sobretodo, siguen sin llegar los magnates que salven al país del colapso económico.
La presencia de Uribe en Honduras provocó el repudio del pueblo que se lanzó a las calles para expulsarlo en el aeropuerto Toncontin. La agenda internacional del ex mandatario colombiano ha sido bastante cargada desde la reunión en que participó en febrero con los ex presidentes estadounidenses Bush, padre e hijo, en República Dominicana, en la que también estuvo el ex presidente del gobierno español José María Aznar. Uribe ha hecho de todo en estos atareados meses.
En Estados Unidos participó en un foro de la Universidad de Harvard y una conferencia sobre inversiones en Utah, además de viajar a Honduras para una conferencia sobre inversión y desarrollo. Visitó también México, donde tomó parte en una conferencia de la organización ultra derechista UnoAmérica y hasta se exhibió junto a una modelo policial con escasa ropa en la inauguración de la exposición de la industria de seguridad.
En días pasados, se anunció en Colombia la reanudación de gestiones para la construcción del cable submarino más largo del mundo, que permitiría traer al norte del Caribe la energía eléctrica producida por Empresas Públicas de Medellín, como paso para la interconexión eléctrica con Estados Unidos, proyecto iniciado por Uribe. El proyecto se combina con la construcción en Puerto Rico de un gasoducto que servirá para importar combustible de Gas Natural Fenosa, empresa que tuvo un buen desarrollo en Colombia bajo su gobierno.
Pero las complicaciones internas para el gobierno se acumulan y le hacen contrapeso a respaldos como el de Uribe.
Una de ellas es la aparición de un documento oficial, fechado en septiembre de 2005 –obtenido por NCM Noticias- que da cuenta de propiedades inmuebles de la Universidad de Puerto Rico dispersas en treinta municipios del país con un valor de mercado a esa época que sobrepasaba los mil millones de dólares, a pesar de que en el mismo aparecen sin valorar terrenos importantes, como el 63 por ciento de la tierra que pertenece al campus principal de Río Piedras. El documento fue preparado en esa época y aparenta haber sido destinado a proveer argumentos para convencer a los profesores y estudiantes de que la UPR no tenía grandes recursos inmuebles para enfrentar sus dificultades económicas.
Del documento se desprende que la UPR, que a su establecimiento en Río Piedras contaba con sólo una finca de 70 cuerdas, se desarrolló en un sistema de más de 16 millones de metros cuadrados en sus distintas localidades. Pero se trata de un documento en el que resaltan las contradicciones, las cifras que no cuadran y las aparentes omisiones de piezas importantes, lo que coincide con la negativa actual del Gobierno de entregar copia del inventario de propiedades de la UPR a una coalición de todos los grupos universitarios que, en consecuencia, dan los toques finales a un recurso legal para presentarlo ante los tribunales.
Una de las principales rarezas del documento es que a pesar de que la UPR ha estado acumulando las propiedades de todos los que fallecen sin herederos desde 1923, el documento contiene apenas una decena de estos inmuebles. De igual forma, no aparecen inmuebles ya localizados por los investigadores, entre ellos un edificio en una zona céntrica inscrito a una corporación que, en realidad, es una subsidiaria de la UPR.
Luego de revisar el documento en poder de NCM Noticias, el abogado de los estudiantes, profesores y demás empleados, Luis Antonio Pabón Rojas, comentó que no le pareció satisfactorio ni creíble. Explicó que las propiedades omitidas, el tiempo largo en el que no registra inmueble alguno, así como lo exiguo de la parte sobre las herencias hacen más urgente la demanda.
La situación se complica con la obtención de una línea de crédito de cien millones de dólares con las propiedades inmuebles como colateral, debido a que casi la totalidad de las que aparecen en el documento están destinadas a fines académicos y, por ley, no se les puede vender ni embargar.
Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, el Ejército Popular Boricua-Macheteros alega haber localizado una finca, en las alturas de la Cordillera Central, donde presuntamente se entrena una fuerza policial privada para reprimir a los grupos populares que se oponen al gasoducto que atravesaría la zona montañosa. El informe, difundido a la prensa, especifica la localización y menciona nombres de figuras del gobierno supuestamente involucradas.
El informe no ha sido corroborado, pero sí se obtuvieron testimonios sobre una finca con las mismas coordenadas que fue vendida bajo presión del Gobierno por un terrateniente endeudado y que ahora está vigilada por guardias que impiden el acceso.
Los desarrollos ocurren cuando ya se inauguró el primer campamento de desobediencia civil contra el gasoducto, en la localidad sueña de Peñuelas, y el pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño ha comenzado el adiestramiento de todos sus asambleístas municipales para esa lucha. De igual forma, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano convocó un foro denominado tribunal del pueblo para recibir denuncias sobre violaciones de derechos civiles en el que participaron en calidad de jueces defensores internacionales de los derechos humanos, como el estadounidense Ajamu Baraka.
El complejo cuadro lo completó el saliente agente especial a cargo del Buró Federal de Investigaciones en San Juan, Luis Fraticelli, quien dijo que dejaba el cargo más asombrado que cuando llegó porque este año Puerto Rico se ha convertido en “número uno” en cuanto a corrupción en la lista del FBI.
Así las cosas, el 2 de junio, se reunirá la Asociación de Industriales para, en el marco de su convención, escuchar las palabras del ex presidente Uribe.
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