Friday, June 17, 2011

Medio millón de colombianas, víctima de violencia sexual



SEQUOYAH / 78 / 79 / LIBROS / / Premio en UCI, Irvine / Declamador Abelardo Cano

Por AZALEA ROBLES

«El Patrón era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina»
Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón seleccionaba a sus víctimas. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. Detrás de los beneficios de las multinacionales hay destrucción social, niñas esclavas, torturas, e impunidad.

«El ejército nos bajó del autobús. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mi me violaron entre nueve soldados. (…) Cuando llegué a Dabeiba, estaban los paramilitares. El comandante paramilitar me violó (…) A una le toca quedarse callada… Cuando entra el ejército me vuelven los pensamientos que me va pasar lo mismo» (1).

El feminicidio y la violación sexual aumentan dramáticamente al amparo de la impunidad para los crímenes de Estado. La impunidad de la que goza la Fuerza pública le da carta blanca para violar, y el empleo de la violación como mecanismo del terror conforma a una Fuerza Pública habituada a prácticas genocidas. OXFAM revela que en Colombia: «489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009: un promedio de 6 mujeres, cada hora» (2).

En otro informerefiere que el 81% de las violaciones a DDHH de las mujeres se atribuyen al ejército y la herramienta paramilitar: «se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor» (3).

Estas cifras evidencian que hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad.

Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. «Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías» (4).

1. Las 50 niñas violadas por ‘El Patrón’

Las violaciones y asesinatos de niños se han convertido en el pan de cada día en el marco de la impunidad total para el Terrorismo de Estado: los violadores reinciden decenas de veces, habitando la misma zona, viviendo en las mismas haciendas; campean a sus anchas y hay quienes incluso son famosos por hacerse llevar niñas vírgenes a sus casas, durante años. Sin que la fuerza pública haga algo al respecto.

No son casos aislados, se trata del margen de acción que les es permitido a aquellos que están amparados en la impunidad que les brinda el mismo estado: son políticos, latifundistas, militares y paramilitares, todos ellos son intocables por la “justicia” colombiana, pues los que los denuncian y los jueces que abren expedientes en su contra corren la misma suerte que la jueza Gaona (5).

Gaona llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército en Arauca; y había rechazado el “vencimiento de términos” y las maniobras dilatorias de la defensa militar. Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en el centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario huyó a pie (6).

Pocas son las víctimas que se atreven a denunciar las violaciones sexuales a manos de paramilitares o de la fuerza pública porque podría ser alto el riesgo de que la misma fuerza pública ‘delate’ sus denuncias a sus victimarios, incluso antes de proceder a abrir un expediente judicial. Se estima que detrás de cada denuncia adelantada se esconde el grueso de las denuncias que no se efectuaron por temor: “Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte» (7).

El carácter exponencial de las violaciones de niñas y niños en Colombia crece cada día amparado en la impunidad que le otorga a la fuerza pública y a sus cómplices el derecho de Pernada.

El Jefe Paramilitar Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta (8). 'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina» (ibídem). El jefe paramilitar abusó de al menos 50 niñas. Ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- «las mujeres mayores lo salaban» (Ibíd. )

Las niñas eran secuestradas y llevadas a fiestas en las que este seleccionaba a sus víctimas. El Patrón fue intocable durante años porque hacía las labores de guerra sucia que beneficiaban al gran capital y ayudaba a diferentes políticos, como lo expresó ante la fiscalía en septiembre 2007: dijo que José Francisco Zúñiga (9) fue alcalde de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo; que a Trino Luna lo apoyaron para gobernador del Magdalena; también señaló de connivencia paramilitar a los políticos Enrique Caballero Aduén, Darío Sarabia y Salomón Saade (10).

Relató los nexos del bloque paramilitar Tayrona con la Fuerza Pública y empresarios: con el coronel Enrique Peralta Walker, comandante del batallón Córdova, y con el empresario Jorge Gnecco, hermano del ex gobernador del Cesar Lucas Gnecco. Relató que la Policía les indicó personas señaladas de ser informantes de la guerrilla para que las asesinaran. Alias ‘El Patrón’, funcional a la estrategia del terror de estado y del gran capital, encabezó miles de asesinatos, torturas, desmembramientos, desapariciones forzadas: reconoció haber hecho desenterrar de las fosas en las que sus hombres sepultaron a sus víctimas, a centenares de ellas que fueron lanzadas a los ríos, para borrar toda huella de su existencia.

‘El Patrón’ fue extraditado el 13 de Mayo de 2009 a EEUU, en lo que las víctimas llaman «la extradición de la verdad»: al extraditar a los Jefes paramilitares se hace aún más remota la posibilidad de conocer el destino de sus víctimas, y conocer los nombres de los grandes comanditarios del genocidio.

Con la extradición de varios Jefes paramilitares el estado colombiano ha garantizado gran parte del silencio. Hoy las renovadas caras de la herramienta paramilitar, los mismos latifundistas de siempre, y los inamovibles militares siguen gozando de plena permisividad.

Entre el 2001 y el 2002 14 mil personas descendieron forzadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, huyendo de masacres al mando del paramilitar 'El Patrón', en uno de los mayores desplazamientos forzados de poblaciones de Colombia. Por amenazas paramilitares se asentaron en Ríoancho (La Guajira) y el Calabazo (Magdalena).

Miles de campesinos y alrededor de 500 indígenas koguis, wiwas y arhuacos se convirtieron en «el escudo del Tayrona». Eran custodiados por la herramienta paramilitar para que se quedaran allí: todo el tiempo estuvieron en la carretera, dormían a la intemperie, todo a ojos de la fuerza pública. La Sierra Nevada de Santa Marta ha ido a parar a manos del latifundio y multinacionales que lograron despojar a los nativos mediante masacres.

CONTINUARA

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